El Tribunal Supremo ratificó la condena de 21 meses de cárcel a Lionel Messi por defraudar 4,1 millones de euros al fisco español durante los ejercicios de 2007, 2008 y 2009. Ahora lo último que debe dirimirse es si el jugador del Barcelona y cinco veces Balón de Oro ingresará en prisión, algo improbable al carecer de antecedentes penales y tener una condena inferior a los dos años.
La Audiencia condenó el 7 de julio de 2016 a Messi y su padre, Jorge Horacio, a 21 meses de prisión cada uno por tres delitos fiscales diferentes y la única «corrección» del Tribunal Supremo fue reducir a 15 meses la pena para el progenitor. Messi fue juzgado por no haber tributado en España los ingresos de 10,1 millones de euros percibidos por los derechos de imagen del delantero rosarino entre 2007 y 2009, aunque devolvió la cantidad defraudada antes del juicio y pagó la multa correspondiente.
La sentencia fue recurrida por los abogados de Messi ante el Tribunal Supremo, pero el más alto órgano judicial en España desestimó en su integridad las alegaciones para ratificar casi por completo el criterio de la Audiencia Provincial de Barcelona. Además, reprochó al futbolista su «ilegal comportamiento tributario», que tachó de «insolidario».
Messi | Getty
La Audiencia calificó en su día de «extrema gravedad» el fraude cometido y no dio por válido el alegato de Messi, de 29 años.
«Yo me dedicaba a jugar a fútbol. Confiaba en mi papá y en los abogados que habíamos decidido que nos llevaran las cosas. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me iban a engañar», declaró entonces el jugador.
La defensa de la familia argentina sostuvo durante el juicio oral que como los Messi eran «profanos» en derecho fiscal habían recurrido al prestigioso bufete de abogados de Juárez Veciana. Si el jugador se apoyó en su padre, éste lo hizo en sus asesores. Según el auto del Supremo, tanto el futbolista del Barcelona como su padre pusieron en marcha «los más típicos mecanismos de los defraudadores fiscales», incluyendo empresas en el extranjero con sujetos intermedios para que sus millonarios derechos de imagen escaparan de la lupa de la Hacienda española.
El escrito añadió que desde el primer momento el objetivo de Messi y su padre fue «ocultar los ingresos» generados «con total opacidad». Además, el Supremo calificó como «poco seria» la alegación presentada por la defensa de la familia Messi y recordó que «cuando el acusado acude al despacho profesional no es para que éste le informe sobre cuál sea su obligación tributaria y cómo darle adecuado cumplimiento, sino para que le indiquen cómo lograr eludirlo».
La conclusión del Supremo es que el argumento de que Messi desconocía todo lo que pasaba con su dinero no es válido porque actuó con «plena consciencia de que ese camino llevaba inexorablemente al insolidario resultado de la defraudación fiscal».
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