El escándalo de las apuestas ilegales que se ha destapado tras el tristemente archiconocido encuentro disputado entre el Barcelona B y el Eldense supone una amenaza para las competiciones que hace necesaria una solución profunda y radical. Lo que ocurre en la Segunda División B del fútbol español es una lacra que se extiende a otras competiciones en las que, en el mejor de los casos, pésimos gestores deportivos y en el peor, delincuentes, muchos de ellos a través de fondos de inversión (FI), han encontrado un nicho en el que hacer dinero fácil a costa de incautos directivos y futbolistas, y aprovechar para lavar el dinero procedente, probablemente de actividades ilegales, como el contrabando, el tráfico de drogas o el de armas. Es preciso recordar que en el caso del Eldense la conexión con la mafia italiana era evidente. Y es que una de las grandes preguntas que se repite desde hace años en el ámbito deportivo es la de si la irrupción de los fondos de inversión supone una solución o, más bien, una amenaza a la estabilidad deportiva y económica no solo de los clubes de fútbol sino de la competición tal y como está establecida.
Debido a la crisis económica, muchos clubes han recurrido a la utilización de esta herramienta de financiación en un momento en el que han visto cerradas todas las puertas de acceso al crédito bancario, sobre todo en las categorías en las que las deudas con terceros y los impagos a los jugadores están a la orden del día y en las que algunos pueden ver en las apuestas esa forma de obtener suculentos beneficios o, simplemente, esos ingresos que sus clubes no les abonan a final de cada mes.
De todos es sabido que amañar partidos es contrario a la ética y a la integridad del deporte, independientemente de que esté destinado a influir en el resultado de las apuestas o de que esté relacionado con objetivos deportivos. El amaño es una forma de corrupción y, como tal, está sancionado en el Código Penal, así como en la normativa estrictamente deportiva. La opacidad de los fondos de inversión en el fútbol, unido al carácter transfronterizo de las apuestas, hace que se agrave el problema y que, a menudo, supere las competencias de las autoridades nacionales.
Y en esa falta de transparencia de gran parte de las operaciones financieras de los fondos reside otro de los peligros que amenazan la integridad de la competición: el blanqueo de capitales. Y es que en el deporte asistimos a una globalización sin precedentes, en el que se mueven considerables sumas de dinero a través de los operadores audiovisuales, los patrocinadores y, en los últimos años, también mediante la entrada en juego de estos inversores privados. Y esta situación se agrava aún más en el fútbol, que es ciertamente atractivo para el dinero negro, precisamente, por las grandes sumas de dinero que mueve sin tener en cuenta fronteras y con unos medios de contabilidad poco transparentes, así como la enorme volubilidad que permite el mercado de fichajes.
La investigación del presunto amaño del Levante-Zaragoza de 2011 continúa estancada
A ello se une que en la mayoría de los casos los objetivos del club y los de los inversores pueden no ser coincidentes pues, como en el caso del Eldense, el FI no pone su dinero en el club por caridad sino con el único fin de lucrarse y, entonces, el recurso a la financiación a través del fondo de inversión se traduce en pan para hoy y hambre para mañana porque, salvo contadas excepciones, se alimenta al pobre pero no se le ayuda a salir de su miseria, porque su objetivo principal no es el bien deportivo del club sino la obtención de beneficios a corto plazo, incluso aunque este último fin sea contrario al del propio club que gestionan.
Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones por los defensores a ultranza de este instrumento financiero, gracias a los FI los clubes logran aquellos fines económicos y deportivos que de otra manera no podrían alcanzar. Pero, como ya hemos defendido en numerosas ocasiones, el peligro no está tanto en recurrir a este tipo de entidades financieras sino en la descontrolada llegada al mundo del fútbol de dinero que no se sabe si su procedencia es lícita o no, cuyos propietarios no se sabe quiénes son al ocultarse tras sospechas cláusulas de confidencialidad, relacionados con paraísos fiscales y, en más ocasiones de las deseadas, también con las apuestas ilegales. Y es que las apuestas ilegales y la manipulación de partidos constituyen para el fútbol actual un peligro y una lacra aún mayores que el racismo o la violencia, ya que las cantidades que se ponen en juego en el segmento de las apuestas ilegales no son baladí: en 2016 han superado la barrera de los 5000 millones de euros, un 22,27% más que en 2015 ¡y un 76,55% más que en 2014!
A la vista de estos datos, queda claro el por qué del interés de los fondos de inversión, entre otros negocios, en financiar clubes modestos a los cuales pueden utilizar como “clubes puentes” para foguear y después vender a sus propios jugadores cuando estos sea hayan revalorizado. Y en el peor de los casos, pueden usar a dichos clubes para eventualmente, influenciar o dejarse influenciar en las apuestas deportivas al objeto de obtener un dinero rápido y fácil.
Aunque la FIFA se opone a los fondos de inversión, y un reciente laudo del TAS confirma tal posición, en España todavía se hace necesaria una reconsideración de la RFEF y la LFP respecto a este tipo de situaciones y denunciarlas de tal modo que se permita la financiación de los clubes pero a través de entidades financieras que ajusten su actividad a unas reglas claras y adecuadas. Por otro lado, y frente a las medidas fragmentarias y parciales que está adoptando la Liga de Futbol Profesional, también parece ineludible acometer decisiones como la creación de un organismo que centralice la lucha contra estos fraudes, similar a la Comisión Nacional Antidopaje, como propone el CSD, todo ello para mayor protección de los clubes y del fútbol en general, que son los únicos que pierden en este peligroso juego.
Eva Cañizares Rivas. Abogada, gestora y mediadora deportiva. Directora de BNFIT Fundición
José Luis Pérez Triviño. Catedrático acreditado de Filosofía del Derecho de la Universidad Pompeu Fabra.
Presidente y Secretaria de la Asociación Española para la Calidad Ética en el Deporte.
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